Si es necesario legislar más y mejores derechos laborales

Cierta derecha empresarial se limita a repetir dos o tres ideas "ideas" para defender opciones políticas muy discutibles. En el Perú, la agenda de los empresarios es bastante concreta: impedir aumentos de la RMV; impulsar una "reforma laboral" que consiste básicamente en desligar toda posibilidad de reposición de un trabajador o trabajadora frente a un despido y dejar sólo una reducida indemnización frente al despido arbitrario (si, frente al despido incausado, es decir, cuando te despiden sin ninguna razón objetiva); impedir que el Congreso legisla precisando el ejercicio o aplicación de algún derecho laboral o peor aún, ampliando los derechos laborales; finalmente, limitar la intervención de los sindicatos en el ámbito de la empresa, por ejemplo, en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Para llevar adelante esta agenda, la derecha empresarial mantiene estas tres ideas que señale al principio. 

• La primera, (que es el mantra de la derecha empresarial desde la cual construyen todas las demás) es que en el Perú existe una "rigidez laboral" es decir, un marco normativo que protege exageradamente a los trabajadores y que impide incrementar las inversiones privadas. 
• Una segunda idea es que la informalidad se elimina reduciendo derechos laborales. Se postula además que mediante el mismo método se incrementa el empleo. 
• La tercera idea es que no se deben legislar más derechos. Pues al hacerlo se reducen los incentivos para contratar mano de obra. 

Lo curioso es que los defensores de estos puntos de vista no pueden mostrar evidencia consistente y específica para sustentar dichas ideas. 

En el primer caso, alegar que existe "rigidez laboral" es la base sobre la cual se apoyan para mantener la desregulación laboral existente. En el mercado laboral peruano predominan diferentes tipos de precariedad. Desde un amplio conjunto de actividades que se desarrollan sin ningún tipo de contrato. Donde el despido es automático e inmediato y no existe un marco institucional que regule nada; hasta grandes empresas donde no se respetan condiciones básicas de trabajo como el pago de horas extras o la aplicación de contratos acordes con el tipo de labor.  

Hay un sector reducido -que oscila entre un 25% a un 10% de la PEA ocupada que mantiene condiciones adecuadas de empleo. Principalmente por la dimensión de las empresas donde labora y además -aunque no se quiere reconocer abiertamente- por la existencia de sindicatos en dichas empresas. 

El marco legal obviamente no expresa estas desigualdades. Las leyes dicen que todos los trabajadores deben disponer de empleos adecuados con 30 días de vacaciones, pagos regulares, protección contra el despido arbitrario, discutir sus remuneraciones con el empleador a través de un sindicato y demás. 

El discurso de la derecha empresarial alega entonces, que los empresarios, no pueden invertir en nuevas empresas, no pueden contratar nuevos trabajadores, no pueden capacitar a jóvenes ni pueden promover a más mujeres porque el marco normativo les impone una carga muy pesada. 

El mismo marco normativo que violan sistemáticamente todos los días. Y que violan sabiendo que dicho marco normativo es incapaz de sancionarlos por eso. 

Tenemos un marco normativo que no se cumple, más precisamente, los empresarios no lo cumplen. ¿Cuál es la solución? Reducir el marco normativo. Que aquello que ahora es ilegal pase a ser legal. 

Se trata de convertir la precariedad laboral en "informalidad" y luego mediante una reforma laboral convertir a esa "informalidad" en formalidad. 

Es una simple estrategia política para mantener las desigualdades en el mercado laboral. No hay evidencia empírica real para sostener que en nuestro país existe una verdadera "rigidez laboral". Ellos aluden a rankings internacionales pero no se específica que dichos rankings generalmente se construyen en un contexto institucional muy diferente al nuestro. Uno donde la distancia entre las normas legales y la realidad es muchísimo menor. 

Aluden ahora a la sentencia del Tribunal Constitucional que resuelve el caso de telefónica y obliga a reincorporar a trabajadores despedidos de manera ilegal. Y señalan que esa sentencia promueve la informalidad. Lo que plantean es que si un trabajador es despedido de manera ilegal basta darle una indemnización y nada más. 

Obviamente, se trata de despidos arbitrarios. No se trata como señalan los voceros, que un trabajador que se ausenta sistemáticamente y sin causa, o que hurta o que agrede, deba mantenerse en su puesto de trabajo. Para eso, hay un procedimiento que permite cesar legalmente al operario. Tampoco se trata de los problemas financieros de una empresa. para esos casos, también hay otro procedimiento legal para desvincular a un porcentaje determinado de trabajadores demostrando objetivamente que la situación de la empresa esta en riesgo. 

Los empresarios quieren libertad para despedir sin causa objetiva alguna. Despedir por despedir. Y como legalmente no es posible. Pues señalan que se trata de una "rigidez laboral". Falso.

Lo real es que en el mercado laboral peruano, un empresario puede emplear mano de obra y pagar incluso por debajo del salario mínimo sin que el Estado lo sancione salvo por alguna casualidad. Es más, un empleador puede encerrar a los trabajadores en un container y no pasa nada, hasta que un incendio provoca la muerte de esos trabajadores. ¿Cuántos containers seguirán encerrando trabajadores hoy día? 

En diferentes países y aquí mismo se han establecido mecanismos con menos derechos, en las micro y pequeñas empresas, en donde sólo hay 15 días de vacaciones entre otros recortes. ¿Ha descendido la "informalidad"?  No. Obviamente no va a descender porque la clase empresarial tiene la posibilidad de moverse en un mundo donde hay menos derechos para los trabajadores. 

Toda la evidencia empírica demuestra que reducir derechos no es un incentivo real para la formalización laboral. El impacto que tiene es más bien pernicioso. Hace que trabajadores del régimen general, con todos sus derechos sean despedidos y luego contratados como trabajadores de un régimen con menos derechos. 

El artículo de Germán Lora es un buen ejemplo del uso de estas lógicas empresariales. Sostiene que no deben promulgarse más derechos pues solamente perjudica a los trabajadores. Tal cual. Y pone como muestra el caso de las empleadas del hogar. Señala que por más que exista una ley que les garantiza algunos derechos, la situación es la misma de siempre. ¿En que se basa? ¿Cuál es su evidencia? Su palabra: "Estamos seguros de que, de ocurrir lo señalado, la informalidad en el sector bajo análisis se incrementaría." Lo cual obviamente, según las últimas investigaciones es falso. Todos los especialistas concluyen que el tema de la informalidad laboral es complicado, que no existen soluciones unidimensionales, es decir, de una sola medida, que la estrategia exitosa va por crear empleo adecuado antes que el transito de empleo precario o informal a empleo formal. Revisen este texto.

No es ignorancia ni estulticia. Es una estrategia para llevar adelante una agenda política. Y no necesitan datos, ni cifras. Basta obviar el "pequeño detalle" que cada norma laboral en favor de los trabajadores y trabajadoras no es el resultado de la imaginación de algún congresista o funcionario público, sino de la persistente y tenaz movilización de los propios trabajadores. Desde la legislación por las 8 horas hasta el Convenio 189 de las trabajadoras del hogar. Detrás de cada norma hay muchos y más trabajadores y trabajadoras presionando para conseguir dichas normas y luego para que sean respetadas.

Y eso es la base de la democracia en un mundo civilizado. Instituciones democráticas y ciudadanía que mediante presiones redistributivas construye regularmente nuevos consensos. Pero eso es lo que no tenemos en el Perú. El discurso de la derecha empresarial no requiere de sustento empírico pues en un país con una tasa de afiliación sindical por debajo del 10% le basta con mantener sus posiciones a base de fuerza sin ningún consenso.