Ministerio de Trabajo impone reforma de normas laborales

Desde hace unos meses, el gobierno viene impulsando un conjunto de cambios en los procedimientos con que el Ministerio de Trabajo desarrolla sus actividades. Estos cambios son importantes porque si bien, no implican "perder derechos" de manera explícita; son cambios que afectan el ejercicio de los mismos o a la obligación de respetarlos por parte de los empresarios. Los últimos son bastante claros en esto. 

Un primer cambio lo tenemos aquí. Una empresa que ha sido inspeccionada y sancionada por violar una norma laboral ya no será objeto de una segunda inspección de oficio, salvo claro que los trabajadores lo soliciten. El argumento del Ministerio es que algunas empresas se convierten en "caseritas" de los inspectores y les caen en visitas casi periódicas. Este argumento, es falaz y pobre. 

Más que país, lo que hacen son leyes laborales

Veamos el caso de una empresa que mantiene prácticas antisindicales, mediante amenazas, traslados y vacaciones forzadas a los trabajadores que quieren formar un sindicato. La primera vez los trabajadores plantean una inspección y luego de realizarse, ¿cuál creen que será la reacción del empleador contra los trabajadores? Obviamente más amenazas y sanciones pero ya no sólo por formar el sindicato sino por solicitar una inspección. Los trabajadores generalmente ya no presentarán otra denuncia y renunciarán a la idea de formar el sindicato. Porque las multas que aplica actualmente no son disuasivas ni inmediatas. Es más, algunos empresarios prefieren pagar una multa y no tener sindicato en su empresa. 

Antes, un inspector consciente del abuso de la empresa podía garantizar a los trabajadores que iba a visitar nuevamente la empresa para hacer el seguimiento respectivo sin necesidad de una nueva denuncia. Esto daba ánimos a los trabajadores que sentían un respaldo por parte del Estado peruano frente a las intenciones del empleador. Ahora eso no será posible. 

Un segundo cambio realizado lo tenemos aquí. Un empresario impide el ingreso de un inspector a su empresa. Antes, la lógica era que esta falta debía ser sancionada fuertemente, pues era un desacato directo a la autoridad del estado representada por el inspector. Muchas veces el argumento del empresario era que los gerentes no estaban en la empresa y que el pobre guardia de vigilancia "no estaba autorizado a dejar entrar a nadie". Y que por ese malentendido, la empresa sufría una fuerte multa. En plena era de las comunicaciones, un empresario es inubicable. 

Ahora, para evitar esos problemas, el Ministerio ha reducido sustancialmente las multas por obstruir la labor de su propio funcionario. De esta manera, un empresario que tiene a trabajadores sin contrato puede seguir violando la legislación y pagar una multa menor. 

Un tercer cambio es el siguiente. Una empresa recibe el pliego de reclamos del sindicato. Lo rechaza. Luego que el Ministerio le recuerda que debe instalar el trato directo o pasar a conciliación, acepta instalar el trato directo. En la primera reunión insiste en el retiro del pliego y propone que la siguiente reunión sea dentro de un mes. En ese momento, el sindicato entiende que la empresa tiene mala fe para negociar. Antes, el sindicato podía pedir un arbitraje potestativo para evitar la intención de la empresa por evitar cualquier acuerdo. El arbitraje potestativo por mala fe negocial era un buen mecanismo para disuadir a los malos empresarios. Ahora, el sindicato esta obligado a esperar tres meses antes de poder recurrir a dicho instrumento.

¿Porque perjudica a los trabajadores ese plazo? Primero, nótese que no hay plazos en las otras etapas del proceso de negociación. Segundo, lo que se busca es desanimar a los trabajadores y delegitimar al sindicato. La empresa que no quiere negociar gana tres meses. Esta medida desvirtúa el carácter disuasivo del arbitraje potestativo por mala fe negocial. 

Como vemos, todas estas medidas solamente expresa la parcialización con el punto de vista empresarial por parte del Ministerio de Trabajo. Como lo ha señalado de manera general, el polítologo Vergara, en el caso del Ministro Grados no tenemos a un tecnócrata, ni a un gestor público; sino a un funcionario privado, incrustado en el sector público.