La violencia en la democracia capitalista

“Nuestro objetivo es la completa libertad, justicia e igualdad, por cualquier medio necesario.” Malcom X

¿Pueden considerarse legítimas las manifestaciones ciudadanas de violencia en una sociedad democrática? Una respuesta inmediata es que no, en tanto el orden democrático supone la existencia de medios institucionales para resolver los conflictos. De esto se desprenden algunas ideas. Una primera es que la democracia se construye sobre la contradicción entre la igualdad jurídica y la desigualdad económica. Como señalaba Marx, bajo la imagen de una igualdad jurídica se esconden las desigualdades económicas y sociales propias de una sociedad de clases.

Un segundo tema es que en a partir de estas desigualdades, se reconoce y acepta la idea del conflicto social. La democracia es un orden que implica la existencia de diferentes actores e intereses diferenciados. Mayorías y minorías contingentes. Es decir, los actores no van a defender los mismos intereses siempre. La democracia liberal no supone la existencia de un “bien común” que sea generalizable para todos los actores.

Entonces, la relación entre democracia y capitalismo siempre implica tensión. La desigualdad provoca conflictos. En un orden democrático se supone que deben existir los “canales institucionales”, es decir, los procedimientos para que el conflicto sea presentado, discutido y eventualmente resuelto. Mientras más desigual sea un país, mayores canales debe disponer para resolver los conflictos sociales. Si no existen estos medios, el conflicto deviene en violencia social.

Ahora bien, nuestro país registra niveles muy altos de desigualdad económica y social. No somos solamente una sociedad donde coexisten la pobreza rural extrema junto con los niveles más altos de lujo y riqueza; sino que estas diferencias están subrayadas por las características étnicas de las personas. Somos un país desigual, racista y discriminador.

Y esto supone un nivel de violencia social muy alto. En los años 70s se hablaba de la “violencia estructural” es decir, aquella que está implícita en las desigualdades sociales y económicas que limitan, cercenan y distorsionan las posibilidades de una mayoría de ciudadanos y ciudadanas.

Violencia estructural es por ejemplo, toda la normativa laboral, que basada en la flexibilización del trabajo supone el más sencillo mecanismo de despido que es el “contrato temporal”. Es también violencia, los 850 soles de remuneración mínima vital, cuando sabemos que una familia requiere más del doble para cubrir sus necesidades básicas. Es también violencia, el régimen laboral en los sectores textil y agrario, que privan del derecho de sindicalización y negociación colectiva a cientos de miles de trabajadores y sus familias. Como es violencia, prohibir a los trabajadores estatales su derecho a negociar colectivamente aumentos de remuneraciones. Toda esta violencia implica un amplio conjunto de conflictos sociales que van estallando con regularidad. 

Nuevamente, entonces ¿pueden existir manifestaciones ciudadanas legítimas de violencia en una sociedad democrática? La izquierda debe reconstruir el discurso donde el conflicto social no es la excepción, lo extraño, lo extra-ordinario, sino un componente fundamental de la vida social. Y con el conflicto como parte fundamental del orden social, podremos entender la legitimidad de la violencia social cuando no existen los canales institucionales eficaces para resolver los conflictos. Si un sindicato realiza una huelga legal y el ministerio de trabajo no interviene ante la indiferencia de la empresa ¿deben los trabajadores radicalizar su medida de lucha? Si. Los trabajadores organizados tienen el derecho de hacerlo.

Si miramos más allá de nuestras fronteras, tenemos a los jóvenes que viven en las Banlieue -esa suerte de guetos en las afueras de París-, donde la tasa de desempleo es del 70% y que cada cierto tiempo protagonizan enfrentamientos entre grupos rivales quemando decenas de automóviles. Ellos son una expresión de esa violencia social producto de condiciones difíciles. Salvo la derecha extrema, los demás actores políticos entienden que dichas expresiones de violencia son una consecuencia de las desigualdades sociales y económicas. Y que para evitar dichos enfrentamientos debemos resolver sus causas, no las consecuencias.

En el Perú por el contrario, la élite política, los medios de información y gracias a ellos, el ciudadano de a pie, han aprendido a olvidar las desigualdades y fijarse solamente en la violencia, criminalizando cualquier forma de protesta. En parte, por un uso interesado de la memoria sobre el senderismo, que ha normalizado el rechazo a toda forma de violencia cuando tiene un contenido social o político y proviene de los sectores pobres de la sociedad.

Cuando ocurren los hechos violentos en Puente Piedra, ni la prensa ni las autoridades se preguntan por las causas y razones de los ciudadanos que lanzan piedras. Se trata simplemente de registrarlos por las cámaras de la prensa para que sean detenidos por la policía. Y sin embargo, creemos que un ciudadano o ciudadana perfectamente racional puede en la democracia peruana, luego de agotar todas las formas establecidas para expresar su rechazo a una medida legal y ante la indiferencia del Estado, lanzar una piedra a ese Estado que no cumple las funciones para la que está designado. Y ser éste un acto completamente legítimo.

En la novela de ciencia ficción “Marte verde” uno de los personajes señala que “los gobiernos a lo único que le temen es a la gente en las calles”. Esta es una de las verdades más sólidas que existen. La izquierda peruana no debe olvidarla.