¿Manuela García viceministra de Trabajo?

Susana de la Puente: siempre cerca al poder

En las dos últimas décadas y especialmente durante el segundo gobierno de Alan García, el Ministerio de Trabajo ha visto reducidas sus competencias, presupuesto y voz dentro del Poder Ejecutivo.

Los gobiernos neoliberales consideran que el mercado laboral es como un mercado de papas, que puede regularse en automático, así el mérito de los Ministros de Trabajo es hacer el menor ruido político, especialmente con los asustadizos empresarios. En esto, el actual ministro Daniel Maurate es casi insuperable. Podría renunciar el día de hoy y probablemente nos daríamos cuenta el próximo 28 de julio cuando no aparezca en el cambio de gobierno.

En la actual Comisión de Transferencia, nos informan que han asumido vocerías importantes dos profesionales del derecho laboral empresarial: Jorge Toyama y Manuela García. Incluso se señala que Manuela García sería la viceministra de trabajo.

La CGTP señala que durante su gestión aumentaron los conflictos laborales, se estancaron las negociaciones colectivas y se incrementó el número de falsos sindicatos dedicados a la extorsión y la delincuencia. Como señala críticamente Enrique Fernández Maldonado, Manuela García tiene “un estilo duro y autoritario”. 

Por otro lado, Jorge Toyama es abogado socio del famoso Estudio Miranda & Amado. Los sindicatos lo conocen bien de las negociaciones colectivas, pues siempre se ubica al otro lado de la mesa.

La estrategia empresarial en el Ministerio de Trabajo es bastante clara. Se trata de retroceder en los pocos aspectos que se han registrado avances durante los últimos cinco años. Para lo cual, el objetivo es recomponer una red de funcionarios pro empresariales. En los últimos años, varios funcionarios del MTPE fueron investigados por casos de corrupción y separados o amonestados. Al parecer hubo un conciliador que simultáneamente recibía regalos de una empresa trasnacional mientras participaba en la negociación colectiva de dicha empresa. Muchos de estos malos funcionarios esperan su regreso, aprovechando el cambio de gobierno.

Otro objetivo es desarticular el Área de Asesoría Jurídica, reduciendo los márgenes de neutralidad profesional que tiene y que ha significado algunas resoluciones a favor de los sindicatos. Los empresarios creen que dicha área tiene abogados pro-trabajador. La estrategia empresarial es inteligente, pues en las actuales circunstancias, una nueva reforma laboral desreguladora desde el Congreso, es muy difícil políticamente, visto lo ocurrido con la Ley de Promoción del Empleo Juvenil (Ley Pulpin); por otro lado, es fácil de prever que la conflictividad laboral se va a incrementar muy rápidamente. 

Así, el sector Trabajo recibirá muchas presiones. Los empresarios quieren asegurarse que van a controlar completamente el Ministerio de Trabajo. La reforma que pretenden impulsar los empresarios, difícilmente será a través del Congreso; así que la intención es copar el Ministerio de Trabajo con sus operadores y aplicar sus criterios a partir de la propia Autoridad Administrativa. 

Los sindicatos y especialmente la CGTP ya han señalado sus críticas a la presencia de Manuela García en la Comisión de Transferencia y en algún puesto decisivo en el nuevo gobierno. Asimismo, la presencia de Toyama es vista con desconfianza por los gremios sindicales.