Poner el trabajo en la agenda política

La frivolidad del poder. Para no olvidar. 

Ciertamente, los trabajadores y trabajadoras del país esperaban poco del discurso presidencial. El gobierno de Ollanta recibe desde el movimiento sindical el calificativo de "traidor" y no es en vano.

El candidato Ollanta propuso una serie de cambios sustanciales para mejorar las condiciones de los trabajadores. Aumentos regulares del Salario Mínimo, un rol más activo del Ministerio de Trabajo basado en la fiscalización de los abusos laborales, apoyo a la negociación colectiva, reorientar el Consejo Nacional de Trabajo para que salga del marasmo en que se encontraba, poner el "empleo decente" en el centro de las preocupaciones en materia laboral.

Bueno, ninguna de estas líneas ha sido siquiera abordada por el actual gobierno.

El Ministerio de trabajo recibe una parte menor del Presupuesto de la República. En el 2011, el entonces ministro de Trabajo, Rudecindo Vega señaló que el ministerio en 5 años había visto reducido su presupuesto en 61%. Era el resultado de la política aprista de limitar la acción ministerial. Lamentablemente el actual gobierno no ha variado de manera significativa esta situación.

Actualmente, no tenemos suficientes inspectores de trabajo. Los existentes, están mal pagados y con contratos que ameritan una inspección. Una propuesta que se desarrollo era la de SUNAFIL, una superintendencia que iba a permitir mayor autonomía para las inspecciones laborales. Sin embargo, el gobierno ha limitado tanto los recursos para SUNAFIL que en la práctica resulta inoperante. Finalmente, el perfil de los funcionarios que están en el MTPE se ha desdibujado, predominando ahora argollas y clientelas poco profesionales.

En materia de agenda laboral, los resultados son igual de desastrosos. No existe nada que pueda llamarse "política de empleo". Los programas existentes, carecen de presupuesto, de cuadros técnicos, de planes operativos. El Consejo nacional de Trabajo funciona como herramienta de distracción de los empresarios y plataforma de fotos para los representantes de la CATP y la CTP, las dos mini centrales sindicales. No es un espacio de dialogo social. El actual ministro lo utiliza para derivar allí cualquier tema que le resulta incómodo o difícil de entender. Y son muchos.

Un buen ejemplo es el aumento de la remuneración Mínima Vital (RMV) o Salario Mínimo. Hace unos años, el CNT acordó luego de mil vueltas, un mecanismo para establecer los incrementos. Como sabemos, las remuneraciones no pueden permanecer fijas por toda la eternidad aunque así quisieran los empresarios, pues la inflación por un lado y el incremento de la productividad, obligan a reajustarla. Si no se hace, los trabajadores reciben menos dinero por su trabajo.

Bueno, la CNT acordó un mecanismo. Los empresarios aceptaron el mismo. Cada dos años debía reajustarse. Ya pasaron tres años. Los empresarios de la CONFIEP y especialmente la Cámara de Comercio de Lima, han expresado su negativa a incrementar la RMV. Se trata básicamente de romper un acuerdo institucional. El gobierno de Ollanta, no tiene la voluntad política de discutir el tema y en el mensaje presidencial no hubo ninguna alusión al incremento, a una política de empleo y mucho menos a la Ley General del Trabajo.

La Ley General de Trabajo es otro buen ejemplo de la incapacidad del gobierno de Ollanta para pensar el país más allá de programas sociales y gasto realizado. La sociedad necesita discutir los mecanismos para regular las relaciones laborales. es un tema pendiente desde el final de la dictadura fujimorista. Sin embargo, ningún gobierno quiere incomodar a los señores empresarios. Entonces, el tema de la LGT se encarpeta, se pasea, se dilata. 

Para la política local, el mundo del trabajo es negado sistemáticamente. Las élites empresariales no desean discutir las relaciones laborales, ni los temas de empleo. Así, el trabajo ha sido eliminado de la esfera política. Se trata de una cultura aristocrática. La vieja nobleza europea entendía que trabajar era algo humillante, sucio, despreciable. El trabajo manual no era reconocido. Los trabajadores eran invisibles. Y efectivamente, en nuestro país, si uno ve los noticieros de televisión, la prensa escrita y buena parte de los programas radiales, pues notará que los temas laborales y mucho más los sindicales no existen. 

La élite empresarial quiere vivir en un mundo donde las desigualdades sean atendidas con programas sociales asépticos, técnicos y distantes. No existen ciudadanos con intereses diferentes. El temor absoluto al conflicto que implica su negación paranoica, cuyo mejor exponente es la Cámara de Comercio de Lima. 

Los trabajadores organizados, si queremos construir una sociedad democrática debemos insistir para que la agenda laboral -es decir, las reivindicaciones económicas, sociales y políticas de los trabajadores y trabajadoras del país- se discuta en el espacio público. Para que el gobierno se pronuncie sobre ellas. Para que los empresarios se sienten a discutir realmente y que los acuerdos se respeten. Más aún, el trabajo debe ser nuevamente un tema central en el debate político.

Para la izquierda, el mundo del trabajo es un espacio idóneo para reconstruir sus relaciones con la sociedad. Las banderas de ciudadanía, desarrollo, igualdad, modernidad entre otras pueden articularse desde el mundo del trabajo. El derecho real a tener un sindicato a todo trabajador o trabajadora cualquiera sea su tipo de contrato, sería en si misma una medida transformadora. Un Estado que garantiza el ejercicio de negociaciones colectivas de rama, sería otro eje sustancial de desarrollo democrático. Alrededor de estas banderas, pueden articularse muchos más ciudadanos en tanto trabajadores o futuros trabajadores. Las movilizaciones contra la denominada Ley Pulpin son un buen ejemplo.