El sueño laboral...de los empresarios. Respuesta a Rosa Maria Palacios

La abogada Rosa Maria Palacios publica en su columna de hoy, ensaya una defensa articulada de la Ley 30288 sobre el nuevo Régimen Laboral Juvenil. En ella, más que el sueño laboral de la demagogia a la que alude, retrata de manera clara, la ilusión ingenua (o cínica) de aquellos que creen que la mencionada Ley es una medida adecuada para reducir la informalidad y promover el empleo. 

En primer lugar, el actual caos en materia jurídica laboral no es resultado de la ineficacia exclusiva del Estado. Empezó en los años 90s, con la reforma laboral fujimorista y desde entonces, los demás gobiernos han mantenido una suerte de "desorden" interesado. 

Los empresarios venían reclamando una serie de cambios a la legislación laboral, específicamente contra la estabilidad laboral y la negociación colectiva. La estabilidad laboral es un mecanismo jurídico que en nuestro país, permite o promueve la libre sindicación. Para evitarlo, los intereses empresariales han buscado -y logrado- convertir el despido en un procedimiento rápido, barato y legal. Más ahora con otra norma legal que facilita los ceses colectivos. 

No se trata de un "caos" inexplicable sino de una alianza de intereses. Los regímenes especiales como el de las exportaciones no tradicionales y el de promoción agraria son buenos ejemplos de esta articulación entre agenda empresarial y agencia gubernamental. Y todo este proceso estuvo tan ligado a la dictadura de Fujimori, que uno de los compromisos de la transición democrática fue la voluntad por revisar la reforma laboral. 

El proyecto de "Ley General del Trabajo" fue el intento más serio para cambiar estas cosas. Eliminaba muchos regímenes y modalidades de contratación, definía con precisión derechos y deberes y garantizaba libertades sindicales. Podría haber sido mejor, pero era un buen inicio. Lamentablemente, varios años de discusiones terminaron en un fracaso. El responsable de este fracaso no fue el Estado ineficiente sino la muy eficaz alianza entre empresarios y gobierno. 

Un segundo argumento de la Sra. Palacios es que establecer unos derechos laborales adecuados para todos es "inalcanzable". Argumento curioso en una economía que ha venido creciendo de manera sostenida y considerable hasta hace un par de años. La economía peruana ha logrado un rendimiento que -conforme lo señalan diversos estudios del propio Ministerio de Trabajo- podría incrementar el salario mínimo y garantizar condiciones adecuadas para muchos más trabajadores. 

El cuadro que el economista Humberto Campodonico ha presentado en muchos lugares es un buen ejemplo. El problema no es el tamaño de la torta, sino la mala distribución de la misma. 

Hay ganancias, lo que no hay es redistribución

El otro argumento que señala es que muchos empresarios obligados por los altos costos de la formalidad se ven obligados a tener a los trabajadores en una situación de informalidad. Bastaría reducir esos costos para que la informalidad descienda. Bueno, habría que preguntarle a los cientos de miles de trabajadores de pequeñas y medianas empresas que siguen siendo informales a pesar que existe una normativa que reduce beneficios a cambio de formalizarse. 

Básicamente, no funciona. Toda la evidencia empírica lo demuestra. Las razones son sencillas. Se trata nuevamente, de esta alianza entre empresa y gobierno. Los empresarios saben que no van a ser fiscalizados ni sancionados. Por otro lado, los empresarios prefieren la más completa libertad de despido. Y para esto, nada mejor que un contrato verbal. Frente a eso, no hay medida legal que pueda "animar voluntariamente" a ningún empresario a formalizar a un trabajador. Obviamente, la opción es un sistema de control y fiscalización eficaz, pero precisamente, eso es lo que los empresarios han obligado a desactivar en el país. 

Es como si en un país se eliminara la policía y para evitar robos, se diera una norma por la cual los ladrones sólo pueden robar hasta 5 mil soles. Ni tontos, los ladrones sin policía hacen lo que quieren. Igual los empresarios. 

Y de eso se trata esta Ley 30288. Más allá de los enunciados ya sean bien intencionados o cínicos, el Estado actualmente es incapaz de fiscalizar y más aún el gobierno presionado por los empresarios no tiene la más mínima voluntad voluntad de hacerlo. 

Muchos trabajadores menores de 24 años serán despedidos y luego de tres meses vueltos a contratar en la misma u otra empresa, bajo este régimen. Muchos trabajadores mayores de 24 años serán despedidos y sus puestos se llenarán con trabajadores menores de 24 años. En un año, el número de trabajadores sin gratificación, sin CTS, sin seguros de riesgo, sin bonificación familiar y con 15 días de vacaciones será mayor y lo peor de todo es que será completamente legal.

El sueño laboral de los empresarios, es la pesadilla de los trabajadores.